La decisión del gobierno de Javier Milei de eliminar el régimen de compensaciones económicas para las empresas de micros de larga distancia volvió a encender la alarma entre organizaciones de discapacidad, familiares y usuarios del sistema de transporte. La pregunta comenzó a repetirse en todo el país: ¿se terminan los pasajes gratuitos para las personas con discapacidad?
La polémica surgió tras la publicación de la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, mediante la cual el Estado nacional dejó de subsidiar a las empresas que entregaban boletos sin cargo a personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD), pacientes trasplantados y niños con enfermedades oncológicas.
Sin embargo, desde el Gobierno aclararon que el derecho a viajar gratis no fue eliminado y que continúa vigente por ley. Lo que cambia es quién absorbe el costo: hasta ahora una parte era cubierta por el Estado y, desde ahora, deberá ser afrontada directamente por las empresas de transporte.
La medida impacta especialmente en el transporte de larga distancia, donde desde hace meses existen denuncias de usuarios que aseguran dificultades para conseguir pasajes, demoras en las reservas y reducción de cupos. Incluso, tras la desregulación del transporte impulsada en 2024, varias empresas habían dejado de entregar boletos gratuitos alegando vacíos legales en la nueva normativa.
El Gobierno sostiene que las compañías continúan obligadas a garantizar el beneficio establecido por las leyes nacionales 22.431, 26.928 y 27.674, y que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) será la encargada de controlar que se cumpla.
Actualmente, las personas con CUD mantienen el derecho al acceso gratuito al transporte nacional de corta, media y larga distancia, tanto en colectivos como en trenes y micros. El beneficio sigue contemplado oficialmente dentro de los derechos reconocidos por el Certificado Único de Discapacidad.
Pese a ello, organizaciones sociales y referentes del sector advierten que la eliminación de subsidios podría traducirse, en la práctica, en mayores obstáculos para acceder a los boletos. Temen que las empresas reduzcan frecuencias, limiten cupos o compliquen las reservas, especialmente en un contexto de fuerte ajuste económico y desregulación del transporte.
Mientras tanto, crece la incertidumbre entre miles de familias que dependen de estos pasajes para tratamientos médicos, estudios, rehabilitación y traslados esenciales. La discusión ya no pasa solamente por el subsidio estatal, sino por la garantía efectiva de un derecho adquirido.