La Justicia Federal de San Rafael avanzó este jueves en la investigación sobre la adulteración de cientos de certificados -considerados truchos- y el cobro ilegal de dinero a cambio de pensiones no contributivas por invalidez, en una causa en la que ya imputó a once personas. «Por ahora son 11 pero este número podría aumentar en el transcurso de la investigación», dijo el fiscal Ignacio Sabás.
Así, por estas horas todavía no está claro hasta adónde puede escalar el escándalo por estafas a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) , que desde hace días es tema de conversación obligada en las calles sanrafaelinas.
Tras varios allanamientos, el juez federal de San Rafael, Eduardo Puigdéngolas, ordenó la detención y trasladó a la cárcel a cuatro mujeres, quienes están sindicadas de liderar la asociación ilícita que se dedicaba a captar desempleados y cobrarles sumas desde 40.000 pesos a cambio de «pensiones truchas», en una maniobra de defraudación al Estado.
Entre ellas está la acusada como líder del grupo, Norma Bravo, lo que dio lugar a que en el Sur, este caso que ha generado un gran revuelo, se hable de «la banda de Mamá Norma».
Los 7 imputados por la Justicia ser abstuvieron de declarar
Siete personas se abstuvieron de declarar en las últimas horas, entre las cuales hay tres abogados, una empleada, dos traumatólogos y un psiquiatra. Entre los letrados están Ernesto y Carla Ochoa, esposo e hija de Norma y los profesionales -vinculados con el hospital Schestakow- son Javier Hernández , Sergio Pascuttini y Damián Fernández Bianchi.
Junto a Norma Bravo están detenidas Silvina Villa, Claudia Bustos (49) y Sonia Rodríguez.
«Se está investigando para determinar quiénes fueron las personas que accedieron a pensiones no contributivas con adulteración de la documentación y podrían ser imputados en la causa», dijo el fiscal federal Ignacio Sabás.
En declaraciones radiales a la emisora FM Vibra, el fiscal indicó que «hay mucha documentación secuestrada que tenemos que analizar. Asimismo se ha pedido el listado de pensiones otorgadas a la Agencia Nacional de Discapacidad, que fue el emisor».
Una oferta «tentadora»
La líder de la asociación ofrecía conseguir pensiones no contributivas del Estado Nacional a cambio de sumas que rondaban entre los 40.000 y 50.000 pesos por cliente.
Se trata de Norma Bravo, quien según la acusación actuaba de gestora y contaba con la complicidad de varios médicos investigados, entre ellos dos conocidos traumatólogos y un psiquiatra de San Rafael; abogados y dos gestoras que se hacían pasar por agentes de ANSES.
La mujer solía frecuentar una policlínica privada y el hospital Schestakow, ambos de San Rafael, organismos desde donde sus directivos aclararon que no tienen relación con la modalidad delictiva. Pero era en ambos establecimientos sanitarios donde se ofrecían este tipo de servicios, que según testigos, habían comenzado en marzo pasado. Desde el efector público se convirtieron en querellantes.
La causa se inició como desprendimiento de otra que está investigando el fiscal federal Guillermo Marijuan, donde ya se había denunciado a Bravo.
El fiscal amplió: «Las detenidas formarían parte de la cúpula de la asociación ilícita que se dedicaba a defraudar al Estado. Por ese motivo se decidió encarcelarlas para que no haya entorpecimiento en la investigación o riesgo de fuga».
Admitió que «en este grupo había 2 o 3 captadores que reclutaban gente y la derivaban a Norma Bravo, también se acercaban por el boca a boca de la gente, algunos trámites son legítimos y otros serían fraudulentos. En ese sentido está abocada ahora la investigación».
Por ahora se desconoce el monto de la defraudación y los años que llevaba operando este grupo de personas. «Eso lo vamos a determinar con los informes pedidos y el análisis de la documentación que hemos secuestrado», resaltó el fiscal en la nota con la FM Vibra.
«Ahora el objetivo es identificar los trámites fraudulentos y resolver la situación de los beneficiarios que obtuvieron una pensión que no les correspondía. Hay que analizar caso por caso, hay que determinar si el beneficiario sabía que no le correspondía el beneficio o fue también engañado por estas personas«.