El cambio de abogados en la defensa del juez federal Walter Bento reveló un giro de 180 grados en su estrategia judicial. Dejó atrás las medidas dilatorias y el estilo altanero de Mariano Cúneo Libarona y en su lugar optó por el tono respetuoso de Mariano Fragueiro Frías que tendió puentes con periodistas y medios para tratar de victimizar a su defendido. Su objetivo es dinamitar los cimientos de la investigación del fiscal Dante Vega dando a entender que la causa se armó en base a testimonios falsos de personas que Bento había condenado o abogados que fueron forzados a mentir para no quedar detenidos. Para que esa versión germine, Fragueiro Frías montó una red de difusión para instalar una nueva imagen del juez.
Fragueiro Frías corre de atrás esa carrera. Los hechos de la causa se vienen ventilando desde hace tres años con detalles de película que difícilmente pueda borrar. La negativa de Walter Bento a entregar su teléfono, los chats de Telegram que borró y los que eligió no eliminar para presionar políticamente por auxilio. La vaga defensa que hizo ante el Consejo de la Magistratura cuando fue citado por la comisión de acusación y la forma en la que comenzó, tras la muerte de Diego Aliaga, la investigación contra el juez.
Pero el abogado defensor sabe que, a pesar del duro dictamen acusatorio que redactó Pablo Tonelli y la gravedad de las acusaciones vertidas por el fiscal Dante Vega en el requerimiento de elevación a juicio, en Buenos Aires el caso Bento se toca de oídas y es allí donde Bento se juega su batalla inicial. El juicio penal se extenderá al menos un año, pero el juicio político debe resolverse antes del 27 de noviembre.
Si el jury de Enjuiciamiento decide destituir a Bento, se quedará sin fueros y probablemente sea detenido de forma inmediata como la mayoría de los imputados de la causa que lo apunta como líder de una asociación ilícita que habría cobrado coimas en la justicia. Pero si se rechazan las acusaciones del Consejo de la Magistratura y se lo ratifica como juez, no solo seguirá libre sino que volverá recobrar su poder, con un antecedente que sin dudas intentará sea tomado en cuenta en la causa penal. En otras palabras, Bento necesita zafar de la destitución para conservar su libertad.
Por eso, además de dejar de lado su petulancia y empezar a mostrarse como una persona común, intenta embarrar la acusación del Consejo de la Magistratura afirmando que lo quieren destituir por desorden de conducta en base a una investigación penal que no está resuelta y que, según procura probar, estuvo mal realizada.
Allí se concentran los esfuerzos de Mariano Fragueiro Frías. Mostrar un Bento humanizado y demonizar al fiscal que lo acusa. Y la estrategia parece replicarse en la defensa del resto de los imputados en la causa que tramita el Tribunal Oral Federal N°2 presidido por la jueza puntana Gretel Diamante. Se niegan a contestarle al fiscal Vega y solo admiten preguntas de la fiscal Gloria André. Afirman que fueron torturados mientras estaban detenidos y que les ofrecían libertad a cambio de declarar contra el juez.
Pero cada vez que hablan dejan dudas respecto a los vínculos que existen entre los supuestos integrantes de la asociación ilícita. Todos intentan minimizar esa supuesta relación e intentan mostrar como coincidencias o casualidades las charlas con el fallecido Diego Aliaga o el propio magistrado. Bento afirma que a Aliaga apenas lo conocía y que el motivo por el que le había dado su camioneta personal era para que la vendiera. Otro imputado, Francisco «Chato» Álvarez niega que su relación con Aliaga fuera de amistad pero le prestó su vehículo el día que desapareció y luego fue hallado sin vida. Todavía hay piezas que todavía no terminan de encajar.
Por eso el abogado que acusa a Bento en nombre del Consejo de la Magistratura, Miguel Piedecasas, prefiere no meterse en la situación penal de Bento y procura limitarse a las conductas que se le atribuyen a Bento y son impropias para un juez. Junto a la diputada radical Roxana Reyes y el senador Eduardo Vischi piden la destitución de Bento por entorpecer una investigación judicial negándose a entregar el teléfono celular cuando se lo requirieron y negándose a darle a la Justicia su pasaporte. También por anticiparse a un allanamiento de su caja de seguridad dejando un mensaje en un papel contra el juez Eduardo Puigdéngolas y por no inhibirse a la hora de resolver a favor de un amigo en una causa de evasión. También piden la destitución por presentarse a un concurso para ser vocal de la Cámara de Casación Penal pese a que estaba impedido de competir por estar procesado y mentir en declaraciones juradas omitiendo incluir dinero y bienes. Otro cuestionamiento es haber vendido un inmueble luego de que, incurriendo en posible abuso de poder, exigiera que el Registro de la Propiedad le informara si la Justicia había requerido información sobre sus bienes personales. En esa venta firmó un acta afirmando que no era persona políticamente expuesta.
Por último, también piden la destitución por haber accedido a un crédito Procrear para vivienda única familiar a pesar de que ya tenía varios inmuebles a su nombre. Bento dijo ayer que siempre fue sincero al respecto y que fue el Banco Nación el que le dio la excepción para que usara el dinero para la compra de un departamento en Villa Palmares.
Fuente: MDZ