El juicio contra Walter Bento sumó un nuevo capítulo este lunes, luego de que los fiscales María Gloria André y Dante Vega denunciaran a una de las empleadas del Juzgado Federal N°1 por la compra de un departamento a Javier Santos Ortega, un contrabandista que fue procesado años atrás por propio el magistrado, actualmente suspendido.
Para los representantes del Ministerio Público, esa operación inmobiliaria realizada por la funcionaria judicial María Carolina Bartolini y su esposo, Diego Eduardo González Howard Arroyo, podría estar vinculada con la compleja trama del pago y cobro de coimas a la supuesta asociación ilícita que lideraba Bento.
Las dudas se potenciaron durante la audiencia realizada el pasado jueves 19 de octubre, tras la declaración de Mariela Andía, quien se desempeñaba en la Secretaría Penal C del Juzgado Federal Nº 1 y reconoció que las iniciales “mcb” que figuran en algunas actuaciones vinculadas a una de las causas que componen el Bentogate, corresponden a Bartolini.
Se trata del denominado “Caso número 3” de la megainvestigación, donde se puso el foco en la situación legal de Javier Santos Ortega y Juan Carlos Molina, imputados por el contrabando agravado de mercaderías por un monto superior a los 200 millones de pesos.
De acuerdo con el requerimiento de elevación a juicio, en esa causa “intervino activamente una parte importante de la banda liderada por el propio Juez que desplegó diversos actos que tuvieron como fin último lograr la libertad espuria de ambos sobornadores”.
Bartolini le tomó declaración indagatoria a Molina el 24 de mayo de 2019. Menos de tres meses más tarde, el 17 de agosto, el esposo de la empleada judicial le compró a Ortega un departamento con cochera ubicado en calle Nicolás Avellaneda, en Ciudad, por un monto de 180.000 dólares.
“Ortega y Molina se encontraban para ese entonces imputados… y la adquisición del inmueble se habría producido mientras la causa es encontraba en pleno trámite” en la Secretaría Penal C, donde intervenía Bartolini, destaca la denuncia de André y Vega.
En el requerimiento de elevación a juicio del Bentogate, se expresa que los departamentos ubicados en la Quinta Sección “habrían estado involucrados en el pago de un soborno”, añade la presentación ante el juez federal Marcelo Garnica. Y reitera que la operación se habría producido “en un momento que coincidiría temporalmente con las conductas imputadas” en una parte de la megacausa que cuenta con más de 30 procesados.
Ortega terminó siendo detenido e imputado en el marco del Bentogate. Cuando declaró, confesó el pago de coimas a la asociación ilícita presuntamente liderada por Bento, a cambio de beneficios judiciales.
La intervención de Diego Aliaga -asesinado en 2020 y señalado como nexo de la organización- fue clave, ya que le ofreció al contrabandista una lista de abogados a contratar, entre los que se encontraban Matías Aramayo, Martín Ríos y Luciano Ortego, todos procesados: el primero como organizador y los dos restantes como miembros de la banda.
A partir de eso, realizó el pago correspondiente para que tanto él como Molina obtuvieran beneficios en la causa por contrabando. También explicó que vendió uno de los departamentos que poseía para poder afrontar el cohecho: “Yo se lo vendí al esposo de esta chica, la chica esa que trabaja en el Juzgado que ahora tenía un bebé, en 180.000 dólares”, declaró.
Esa “chica” sería Bartolini. Con esas pruebas, los fiscales solicitaron que se investigue penalmente a la empleada judicial y a su esposo.
Fuente: El Sol