Janina Ortiz, secretaria de Gobierno de Las Heras y actual esposa del intendente Daniel Orozco, dio este miércoles una conferencia de prensa. A poco más de un mes de que se termine su gestión en ese municipio, la funcionaria negó que vaya a renunciar a la banca legislativa que ganó como candidata de La Unión Mendocina y juró que las causas en su contra son armadas.
La conferencia ocurrió pasadas las 11 de este miércoles en la sala Malvinas Argentinas, en calle San Miguel al 1.540, frente a la plaza Marcos Burgos, de Las Heras. Allí, Ortiz se explayó sobre los delitos que le endilgan desde el momento en que su jefe político, Orozco, decidió salirse del frente oficialista Cambia Mendoza para ser candidato a vicegobernador por LAUM en la fórmula que encabezó Omar De Marchi.
Janina Ortiz asegura que las causas son armadas
La tesis principal de la exposición que hizo Ortiz fue que las causas contra ella y Orozco se «armaron desde la oscuridad de intereses políticos electorales».
Los frentes jurídicos que enfrenta la diputada electa son por lo menos dos. Por un lado, se la acusa de haber presionado a una empleada municipal para que se acostara con un funcionario y le sacara información. Por otro, se la señala como responsable de haber aprobado el funcionamiento de cooperativas que fungían como base de un sistema de estafas.
«No vi que ningún medio haya publicado las pruebas de las que voy a hablar hoy», acusó la dirigente antes de repasar información que, a su criterio, muestra el modo en que se fue articulando una operación mediático/política que se habría agudizado conforme se acercaban los comicios provinciales del 24 de septiembre.
Ortiz agregó: «Ayer supe por una nota periodística que la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Legislatura, conformada en su mayoría por legisladores oficialistas, pondría en tela de juicio mis condiciones morales y éticas para asumir como diputada provincial por LAUM«.
«Las razones que aducen es que hay denuncias en mi contra; una por coacción y otra por las cooperativas, aunque son causas que no tienen sentencia firme -criticó Ortiz-. O sea que si esa postura avanza se estarían vulnerando mis derechos. Son expedientes que se encuentran en etapa de investigación; y sin embargo esta comisión estaría dictando una sentencia previa, contra el principio de inocencia y violando algo sagrado para la democracia, que es el voto«.
La denuncia por coacción
Más adelante, la dirigente retomó diciendo que el 13 de agosto se enteró -una vez más, a través de publicaciones periodísticas- de que las empleadas municipales Romina Moyano y Soledad Guzmán habían presentado denuncias en las que sostenían que ella «había obligado a Moyano, a través de Guzmán, a mantener relaciones con (el subsecretario de Políticas Sociales del municipio) Osvaldo Oyenhart» y sacarle información.
Lo cierto es que el audio existe. En él, una voz atribuida a Oyenhart le ofrece a Moyano un sueldo municipal con sólo presentar unas facturas, en lo que sería un claro ejemplo de los «tongos» que existieron en la comuna.
«El 26 de junio yo aporté pruebas para demostrar la falsedad de esas denuncias«, amplió Ortiz. Según aseveró, en el propio expediente hay datos que indican que no existió coacción y que, por el contrario, Guzmán y Moyano obtuvieron el audio de forma voluntaria e intentaron venderlo a operadores sabiendo que durante un año electoral el material tenía gravitación política.
Ortiz salpicó además a otros funcionarios del municipio, como el exdirector de Asuntos Legales, Mauro Homan, quien se presentó en el expediente para respaldar la denuncia de Soledad Guzmán y Romina Moyano. Asimismo, ofreció compartir pruebas que, insistió, figuran en el expediente y demostrarían que ella, es decir Ortiz, no tuvo nada que ver con esos tejes.
«Soledad y Romina, claramente, admiten en las conversaciones privadas que se hallaron en sus celulares que están siendo funcionales a la campaña de Cambia Mendoza (…) Hay infinidad de charlas donde ellas admiten que han cometido un delito intentando vender la grabación que habían obtenido de Oyenhart«, afirmó la secretaria de Gobierno lasherina, que en varias oportunidades acusó a la Justicia de no escucharla.
El tema de las cooperativas
«Sostengo que estas cooperativas no fueron fantasmas, porque sí se presentaba gente a trabajar en algunas dependencias -continuó Ortiz-; aunque sí hubo irregularidades que deberían haber sido manifestadas por la Comisión de Preadjudicación que funcionaba en el municipio. No obstante, en ningún informe de preadjudicación se me avisó que existiera algún tipo de irregularidad», consideró.
Ortiz recalcó que Homan debería haberle avisado si existía algún problema con dichas cooperativas. No lo hizo, y además, de acuerdo a su relato, el abogado hoy forma parte del equipo de transición que envió su adversario político y nuevo intendente electo de Las Heras, el radical Francisco Lopresti.
«El daño moral que se viene haciendo a mi imagen es de una magnitud nunca antes vista», sintetizó Ortiz; y citó como ejemplo un falso libro que se publicitó en la previa de las elecciones y que a la postre resultó no existir, tal como advirtió Diario UNO en una investigación de la periodista Analía Doña.
La Justicia con la lupa sobre Janina Ortiz y Daniel Orozco
La semana pasada, la Fiscalía de Delitos Económicos tomó medidas preventivas contra el intendente Orozco y Janina Ortiz, en el marco de la investigación por fraudes con cooperativas en la Municipalidad. La orden judicial prohibió la salida de la provincia de la pareja de funcionarios, quienes tuvieron que entregar sus pasaportes a la Justicia.
Fue decisión del fiscal Flavio D’amore, quien investiga el escándalo por los millonarios convenios entre la Municipalidad de Las Heras y cooperativas de dudosa procedencia. En esa causa ya hay tres personas imputadas, entre las que se encuentra el subsecretario Osvaldo Oyhenart.
Pero hace tiempo se conjetura que la acusación podría escalar hacia arriba, es decir, hacia el intendente Daniel Orozco y la secretaria de Gobierno Janina Ortiz.
En ese contexto, el jueves 26 de octubre el fiscal solicitó medidas preventivas para garantizar el proceso penal. Por un lado, definió la «prohibición absoluta de salida de la provincia y de país, debiendo entregar el pasaporte correspondiente en el plazo de 24 horas», por lo que la pareja deberá quedarse en Mendoza hasta que se defina si son imputados o no en el expediente.
También pidió fijar y mantener un domicilio real en la provincia, concurrir a todas las citaciones judiciales que les formulen, pero además presentarse lunes por medio ante la Justicia.
También deberán «abstenerse de realizar cualquier acto que obstaculice el proceso o ponga en peligro el descubrimiento de la verdad real».
Fuente: Diario Uno