Aunque tres de los principales acusados de los atentados a las Torres Gemelas se declararon culpables, el proceso judicial continúa estancado debido a cuestionamientos sobre las pruebas obtenidas bajo tortura y la amenaza de la pena de muerte.
Veinticuatro años después de los devastadores atentados del 11 de septiembre que acabó con la vida de 3.000 personas, las víctimas, sus familias y el mundo entero siguen esperando justicia.
En un giro reciente, tres de los principales acusados de planificar los ataques a las Torres Gemelas en Nueva York se declararon culpables en agosto del año pasado. Khalid Shaikh Mohammed, Walid bin Attash y Mustafa al-Hawsawi, detenidos en Guantánamo desde 2003, optaron por aceptar los cargos a cambio de evitar la pena de muerte, aceptando una sentencia de cadena perpetua.
Sin embargo, el proceso judicial ha sido todo menos sencillo. Los acuerdos de culpabilidad fueron anulados poco después por el secretario de Defensa de Estados Unidos del gobierno que comandaba en ese entonces Joe Biden, Lloyd Austin, debido a las críticas públicas. Por lo tanto, los tres aún no han sido juzgados, y la pena de muerte sigue siendo una opción en el caso.
Toda una década de procedimientos sin resoluciones definitivas
Este juicio se ha visto frenado durante más de una década por cuestiones legales complejas, especialmente relacionadas con la obtención de pruebas bajo tortura en las prisiones secretas de la CIA. Esta controversia ha generado un debate sobre si las pruebas obtenidas de esta manera pueden ser consideradas válidas en un tribunal.
Perfil de los detenidos
El proceso judicial ha sido demorado también por la complejidad de los acusados. Khalid Shaikh Mohammed, considerado el cerebro de los ataques, tiene un largo historial de participación en complots contra Estados Unidos, país donde había realizado cursos universitarios, incluyendo su implicación en el atentado contra el World Trade Center en 1993 (murieron 6 personas) y el asesinato del periodista Daniel Pearl en 2002. Por su parte, Walid bin Attash, de origen saudí yemení, habría sido el responsable de entrenar a dos de los secuestradores de los aviones, mientras que Mustafa al-Hawsawi se habría encargado de financiar los atentados.
Evitar un proceso judicial de 1 año y medio
El reciente acuerdo de culpabilidad habría permitido evitar un juicio largo de entre 12 y 18 meses, que podría haber incluido apelaciones y un prolongado proceso judicial. Sin embargo, al ser revocado, el caso sigue abierto, dejando en el aire el destino de los tres acusados, mientras las víctimas y sus familias esperan respuestas definitivas.
