La Ley 27.573, sancionada durante la pandemia, exime de responsabilidad legal a los laboratorios, lo que dificulta el reclamo del hombre.
Un jubilado mendocino presentó una demanda multimillonaria de $152.058.050 contra el Estado nacional y el laboratorio AstraZeneca porque sufrió una trombosis venosa profunda (TVP) como consecuencia directa de la vacuna contra el COVID-19. Sin embargo, su reclamo enfrenta un gran desafío debido a la Ley 27.573, que otorga protección a los laboratorios de acciones legales.
Este ley, sancionada durante la pandemia, permitió que el gobierno de Alberto Fernández firmara contratos con farmacéuticas que las eximían de responsabilidad legal por posibles efectos adversos de las vacunas. Además, la normativa establece que los contratos son confidenciales y prohíbe juicios directos contra las empresas, lo que obliga a los afectados a buscar reparación a través del Fondo de Reparación Covid 19, un mecanismo administrativo que ofrece montos fijos y bajos, cubriendo solo efectos “graves” y “científicamente comprobados”.
El jubilado mendocino detalló que su reclamo de manera integral, buscando no solo compensación por el daño físico y moral, sino también por el daño emergente (gastos médicos), incapacidad sobreviniente y pérdida de chance, ya que la secuela le impide realizar actividades como manejar maquinaria agrícola, hacer deportes o viajar. La demanda también incluye un daño punitivo para sancionar de manera ejemplar a AstraZeneca.
A diferencia de muchos otros afectados, el hombre pudo costear los peritajes y la representación legal para iniciar el juicio.
La demanda podría abrir una importante discusión en el país sobre el derecho a la reparación de quienes pudieran haber sido perjudicados por las vacunas, cuestionando la validez de la protección legal otorgada a las farmacéuticas.