La resoluci\u00f3n, liderada por el juez Enrique M\u00e9ndez Signori<\/strong> y acompa\u00f1ada por sus colegas Fernando Canero y Germ\u00e1n Castelli<\/strong>, alcanz\u00f3 a todos las propuestas realizadas en los \u00faltimos meses, que inclu\u00edan montos en efectivo y bienes muebles e inmuebles por un total estimado entre 12 y 21 millones de d\u00f3lares<\/strong>. Con este pronunciamiento, los imputados deber\u00e1n afrontar el juicio oral <\/strong>que comenzar\u00e1 el pr\u00f3ximo mes.<\/p>\n\n\n\n Entre los oferentes figuraban\u00a0empresarios<\/strong>\u00a0de la construcci\u00f3n, la energ\u00eda y el transporte, as\u00ed como algunos exfuncionarios. Los montos m\u00e1s altos correspond\u00edan a\u00a0\u00c1ngelo Calcaterra\u00a0<\/strong>-primo del ex presidente\u00a0Mauricio Macri<\/strong>-, con 1,68 millones de d\u00f3lares;\u00a0Ernesto Clarens<\/strong>, con 1,5 millones; y\u00a0Aldo Roggio<\/strong>, con 1,26 millones. Tambi\u00e9n presentaron propuestas\u00a0Gabriel Pedro Losi\u00a0<\/strong>(557 mil),\u00a0Juan Manuel Collazo\u00a0<\/strong>(603 mil),\u00a0H\u00e9ctor Javier Caballero\u00a0<\/strong>(460 mil) y\u00a0Mario Rovella\u00a0<\/strong>(494 mil).<\/a><\/p>\n\n\n\n Otros oferentes fueron\u00a0C\u00e9sar y Juan Carlos De Goycochea<\/strong>, de Isolux Cors\u00e1n (1,08 millones);\u00a0Hugo Draggnotti<\/strong>, de Panedile (960 mil);\u00a0Osvaldo Acosta<\/strong>, de Electroingenier\u00eda (295 mil);\u00a0Santiago Altieri<\/strong>, de Iecsa (309 mil);\u00a0Miguel Marconi<\/strong>, de Supercemento (342 mil);\u00a0Rub\u00e9n Valent\u00ed\u00a0<\/strong>y\u00a0Enrique Pescarmona<\/strong>, de IMPSA (344 mil); y\u00a0Benjam\u00edn Romero<\/strong>, de Hidrov\u00edas y Ferrov\u00edas (344 mil). Tambi\u00e9n se mencionaron las propuestas de\u00a0Patricio Gerbi\u00a0<\/strong>(139 mil),\u00a0Miguel <\/strong>\u00a0(162 mil),\u00a0Claudio Glazman<\/strong>\u00a0(206 mil),\u00a0Ricardo Scuncia\u00a0<\/strong>(221 mil),\u00a0Julio Paulecci<\/strong>\u00a0(256 mil) y\u00a0Jorge Benolol\u00a0<\/strong>(290 mil).<\/p>\n\n\n\n En el caso de los exfuncionarios,\u00a0Juan Manuel Abal Medina<\/strong>\u00a0ofreci\u00f3 una suma cercana a los 40 mil d\u00f3lares, mientras que\u00a0Fabi\u00e1n Garc\u00eda Ram\u00f3n<\/strong>, exdirector de Energ\u00edas Renovables, propuso casi un mill\u00f3n. Ambos hab\u00edan reconocido la recepci\u00f3n de dinero como parte de supuestos aportes de campa\u00f1a.<\/a><\/p>\n\n\n\n Algunos ofrecimientos fueron de escasa entidad. Alberto Taselli<\/strong> propuso 10 mil d\u00f3lares, Mario Marcussi <\/strong>203, Carlos Rom\u00e1n<\/strong> 1.823 y Carlos Arroyo <\/strong>la misma cifra. Luis Armani,<\/strong> de Vialmani, ofreci\u00f3 3.379; Roberto Orazi<\/strong>, de Hidraco, 92 mil; Rodolfo Poblete<\/strong>, de Hidrov\u00eda, 33 mil; y Juan Luciano<\/strong>, de Luciano S.A., 60 mil. Los hermanos Adri\u00e1n y Mauricio Pascucci<\/strong>, de Alquimaq, comprometieron 133 mil pesos.<\/p>\n\n\n\n La fiscal federal Fabiana Le\u00f3n <\/strong>se opuso a todas las presentaciones y afirm\u00f3 que \u201cno se puede pagar para zafar\u201d. En la audiencia, se\u00f1al\u00f3 que aceptar esos montos implicar\u00eda \u201ctarifar la impunidad\u201d. La Unidad de Informaci\u00f3n Financiera <\/strong>(UIF), que interviene como querellante, adhiri\u00f3 a esa posici\u00f3n. Su director, Paul Starc<\/strong>, sostuvo que las propuestas equivaldr\u00edan a \u201cmercantilizar la corrupci\u00f3n<\/strong>\u201d, mientras que el representante del organismo, Mariano Galpern<\/strong>, advirti\u00f3 que \u201cla complejidad del proceso no habilita la impunidad\u201d.<\/p>\n\n\n\n Las defensas argumentaron que la\u00a0reparaci\u00f3n integral<\/strong>\u00a0es una figura vigente que no distingue por tipo de delito y que puede aplicarse cuando los montos ofrecidos provienen de\u00a0fondos l\u00edcitos<\/strong>. Se\u00f1alaron que la oposici\u00f3n de la fiscal\u00eda se apoy\u00f3 en razones de car\u00e1cter general sin sustento jur\u00eddico. Algunos abogados destacaron adem\u00e1s la\u00a0magnitud del juicio<\/strong>, que involucrar\u00e1 a cerca de\u00a0un centenar de acusados<\/strong>\u00a0y podr\u00eda extenderse durante varios a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n Oscar Centeno, redactor de las anotaciones que dieron origen a la investigaci\u00f3n por corrupci\u00f3n<\/p>\n\n\n\n As\u00ed las cosas, al momento de exponer las razones para no hacer lugar<\/strong> a los planteos de los imputados, el magistrado que lider\u00f3 el acuerdo hizo un largo repaso jurisprudencial y doctrinario de la naturaleza, la procedencia y los alcances del instituto de la reparaci\u00f3n integral <\/strong>regulado por el art\u00edculo 59, inciso 6, del C\u00f3digo Penal y catalogado -seg\u00fan el camarista Mariano Borinsky<\/strong>– como \u201cun supuesto de disponibilidad de la acci\u00f3n penal<\/strong> que trae como consecuencia su extinci\u00f3n\u201d.<\/p>\n\n\n\n En ese marco, y con base en el rechazo de la fiscal\u00eda de las distintas compensaciones<\/strong> presentadas<\/strong> en la causa, el juez M\u00e9ndez Signori, citando una obra del fiscal Maximiliano Hairabedian<\/strong>, redact\u00f3: \u201cse ha sostenido que \u2018una interpretaci\u00f3n arm\u00f3nica <\/strong>de las normas de fondo y forma permite reconocer que la reparaci\u00f3n integral del perjuicio<\/strong>, por tener potencialidad extintiva de la acci\u00f3n penal<\/strong>, es resorte del Ministerio P\u00fablico Fiscal<\/strong> consentirla y no se puede conceder ante su oposici\u00f3n<\/strong>\u2019\u201d.<\/p>\n\n\n\n Luego precis\u00f3: \u201csi el fiscal se niega a renunciar a la acci\u00f3n dando razones v\u00e1lidas <\/strong>(p. ej. no se dan los requisitos legales, media una prohibici\u00f3n), la defensa carece de un remedio para cuestionarlo<\/strong>, porque la decisi\u00f3n de disponer de la acci\u00f3n penal p\u00fablica es de su titular; por lo tanto, no le corresponde a los jueces suplirlo\u201d.<\/p>\n\n\n\n \u201cAqu\u00ed -continu\u00f3 el juez del tribunal porte\u00f1o-, la Dra. Le\u00f3n<\/strong> fundament\u00f3 su posici\u00f3n en que la reparaci\u00f3n agota el conflicto solamente si<\/strong> neutraliza el da\u00f1o en su totalidad<\/strong>, considerando que bienes jur\u00eddicos como la probidad, la transparencia y el orden p\u00fablico que considera afectados en autos son de car\u00e1cter supraindividual<\/strong>\u201c.<\/p>\n\n\n\n Y sobre la posici\u00f3n acusatoria, a\u00f1adi\u00f3: \u201cConsider\u00f3 asimismo que la gravedad de los hechos investigados<\/strong> impone como \u00fanica respuesta compatible con el bien jur\u00eddico comprometido al juicio p\u00fablico<\/strong>, con sus efectos de verdad, sanci\u00f3n e inhabilitaci\u00f3n<\/strong>\u201d.<\/p>\n\n\n\n M\u00e9ndez Signori consider\u00f3 a la hora de cerrar su voto que la negativa fiscal <\/strong>conten\u00eda fundamentos suficientes para otorgarle el \u201ccar\u00e1cter vinculante<\/strong>\u201d correspondiente, por lo que estim\u00f3 infructuoso evaluar otros puntos esgrimidos por las defensas relacionados con \u201cel estudio de discusiones como la procedencia del instituto<\/strong> cuando se trata de delitos contra la administraci\u00f3n p\u00fablica<\/strong>, la viabilidad de la reparaci\u00f3n integral para funcionarios p\u00fablicos<\/strong>, la posibilidad de modificar las calificaciones legales en esta instancia, los diversos criterios interpretativos de los instrumentos internacionales sobre la materia, los par\u00e1metros que deben ser evaluados para determinar la integralidad del da\u00f1o, las posibles afectaciones a la garant\u00eda de juzgamiento en plazo razonable<\/strong>, la eficacia del instituto como mecanismo de recupero de activos o la posibilidad de reparaci\u00f3n en los casos en los que el imputado no cuenta con suficientes recursos\u201d.<\/p>\n\n\n\n \u201cPor todo ello, propongo al acuerdo rechazar los planteos de reparaci\u00f3n integral del da\u00f1o formulados <\/strong>en el presente legajo\u201d, cerr\u00f3 el magistrado en un fallo de 198 p\u00e1ginas. Sus colegas Castelli y Canero, a su turno, adhirieron a su postura.<\/p>\n\n\n\n La causa \u201c<\/em>Cuadernos<\/strong>\u201d<\/em>, en rigor, se inici\u00f3 en 2018 a partir de los registros del chofer Oscar Centeno<\/strong>, quien document\u00f3 durante a\u00f1os supuestos traslados coimas desde empresas contratistas del Estado hacia funcionarios del Ministerio de Planificaci\u00f3n Federal<\/strong>. Esos cuadernos, junto con declaraciones de arrepentidos, derivaron en una investigaci\u00f3n que alcanz\u00f3 a la expresidenta Cristina Fern\u00e1ndez de Kirchner<\/strong>, a exfuncionarios de su gobierno y a decenas de empresarios de distintos sectores.<\/p>\n\n\n\n La sentencia firmada por el Tribunal Oral Federal 7 porte\u00f1o dej\u00f3 sin efecto la posibilidad de sobreseimiento<\/strong> mediante compensaciones econ\u00f3micas<\/strong> y confirm\u00f3 que todos los acusados deber\u00e1n presentarse al debate oral <\/strong>previsto para pr\u00f3ximo el 6 de noviembre.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El Tribunal Oral Federal N\u00b07 resolvi\u00f3 no hacer lugar a las ofertas econ\u00f3micas presentadas por empresarios y ex funcionarios para obviar el juicio oral en su contra. Ahora todos deber\u00e1n enfrentar el debate previsto para noviembre. 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