De acuerdo con la iniciativa, firmada por el presidente Javier Milei<\/strong>, el jefe de Gabinete, Diego Santilli<\/strong>, el canciller Pablo Quirno<\/strong> y los ministros Carlos Presti <\/strong>(Defensa)y Luis Caputo <\/strong>(Econom\u00eda), propone derogar la Ley N\u00b0 26.659<\/strong>, vigente desde 2011 para penalizar actividades hidrocarbur\u00edferas sin autorizaci\u00f3n argentina en el \u00e1rea en disputa.<\/p>\n\n\n\n No obstante, las autoridades remarcaron que \u201cla medida no se limita, como el r\u00e9gimen vigente, a las actividades hidrocarbur\u00edferas, sino que resulta aplicable a toda actividad no habilitada vinculada al aprovechamiento de recursos naturales, sean o no renovables\u201d<\/strong>.<\/a><\/p>\n\n\n\n En este sentido, ese esquema plantea que toda explotaci\u00f3n de recursos naturales renovables y no renovables realizada en las Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur, sus espacios mar\u00edtimos e insulares circundantes y la Plataforma Continental Argentina sin habilitaci\u00f3n de una autoridad nacional.<\/p>\n\n\n\n A ra\u00edz de esto, las autoridades propusieron que\u00a0las personas o empresas que desarrollen actividades prohibidas podr\u00edan recibir multas de entre<\/strong>\u00a04.000 y 500.000 barriles de petr\u00f3leo<\/strong>, adem\u00e1s de la suspensi\u00f3n o cancelaci\u00f3n de permisos y una inhabilitaci\u00f3n de entre cinco y 20 a\u00f1os.<\/a><\/p>\n\n\n\n La escala penal se endurecer\u00e1 para los casos vinculados con hidrocarburos<\/strong>. La exploraci\u00f3n o explotaci\u00f3n de recursos no renovables sin habilitaci\u00f3n tendr\u00eda penas de 12 a 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n. Para la extracci\u00f3n, el transporte o el almacenamiento de hidrocarburos, la condena prevista ascender\u00e1 a entre 15 y 20 a\u00f1os, con multas de hasta 3 millones de barriles de petr\u00f3leo.<\/p>\n\n\n\n Tambi\u00e9n quedar\u00edan alcanzados los proveedores que entreguen bienes o servicios considerados esenciales para esas actividades, siempre que conozcan su destino. As\u00ed, el proyecto contempla penas de cinco a siete a\u00f1os para esas conductas.<\/p>\n\n\n\n De la misma forma, las sanciones se extender\u00edan a las sociedades que participen en los hechos. Entre otras medidas, podr\u00edan sufrir la revocaci\u00f3n de habilitaciones, la suspensi\u00f3n de actividades por hasta 30 a\u00f1os, la imposibilidad de contratar con el Estado y, en casos determinados, su disoluci\u00f3n o liquidaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n El r\u00e9gimen propone que\u00a0una empresa inhabilitada no pueda desarrollar actividades econ\u00f3micas en el pa\u00eds durante el plazo de la sanci\u00f3n<\/strong>. Adem\u00e1s, se revocar\u00edan sus permisos, cesar\u00edan beneficios impositivos o previsionales otorgados por actos particulares y se rescindir\u00edan contratos con ejecuci\u00f3n total o parcial en territorio argentino o sobre bienes situados en el pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n Para ordenar el retiro de las compa\u00f1\u00edas afectadas, la autoridad de aplicaci\u00f3n fijar\u00eda un per\u00edodo de cese de entre 30 y 180 d\u00edas, prorrogable en funci\u00f3n de la continuidad de servicios, la situaci\u00f3n de trabajadores, acreedores o terceros de buena fe.<\/p>\n\n\n\n El proyecto crea, a la vez, un R\u00e9gimen de Desistimiento y Regularizaci\u00f3n<\/strong>. Los infractores que abandonen las pr\u00e1cticas cuestionadas podr\u00e1n pedir su ingreso, pagar multas o comprometer inversiones en actividades legales dentro de Argentina. Si cumplen las condiciones, se archivar\u00e1n las actuaciones administrativas y se extinguir\u00e1 la acci\u00f3n penal, salvo que exista una sentencia firme o reincidencia.<\/p>\n\n\n\n El segundo eje de la iniciativa es la creaci\u00f3n del Sistema de Seguridad Nacional<\/strong>, que reunir\u00eda las funciones diplom\u00e1tica, econ\u00f3mica, cibern\u00e9tica, jur\u00eddica, de defensa, inteligencia y protecci\u00f3n de infraestructuras cr\u00edticas.<\/p>\n\n\n\n Su \u00f3rgano rector ser\u00eda el Consejo de Seguridad Nacional<\/strong>, presidido por Milei e integrado de forma permanente por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Econom\u00eda, el secretario de Inteligencia de Estado y la secretaria Legal y T\u00e9cnica de la Presidencia.<\/p>\n\n\n\n El Consejo tendr\u00eda a su cargo la elaboraci\u00f3n de una Pol\u00edtica de Seguridad Nacional<\/strong>, que luego deber\u00eda ser aprobada por el Poder Ejecutivo. Asimismo, podr\u00eda requerir informaci\u00f3n y asistencia obligatoria a organismos del sector p\u00fablico nacional y solicitar cooperaci\u00f3n a provincias, la Ciudad de Buenos Aires y municipios.<\/p>\n\n\n\n En l\u00ednea con esto, la norma define como infraestructuras cr\u00edticas<\/strong> a las redes, instalaciones y sistemas p\u00fablicos o privados indispensables para los servicios esenciales, la salud, la defensa, la econom\u00eda y el funcionamiento estatal. Las jurisdicciones locales deber\u00edan identificarlas y elaborar planes de protecci\u00f3n; el Consejo definir\u00eda cu\u00e1les tienen inter\u00e9s nacional.<\/p>\n\n\n\n El proyecto tambi\u00e9n establece una secuencia para identificar, interceptar y eventualmente emplear fuerza contra aeronaves que vulneren reglas de vuelo, no se identifiquen o desobedezcan \u00f3rdenes de autoridades competentes<\/strong>. La utilizaci\u00f3n de medidas coercitivas para impedir la continuidad de un vuelo requerir\u00eda una orden expresa del Presidente, quien podr\u00eda delegarla en el ministro de Defensa. El articulado aclara que las decisiones deber\u00e1n ajustarse al derecho internacional y evitar poner en riesgo a los ocupantes de aeronaves civiles.<\/p>\n\n\n\n En el \u00e1mbito mar\u00edtimo, fluvial y lacustre, la iniciativa habilita advertencias, maniobras de interposici\u00f3n, disparos de advertencia e inutilizaci\u00f3n de buques despu\u00e9s de agotar medidas menos lesivas. El hundimiento solo podr\u00eda ordenarse como una medida militar excepcional contra un buque hostil, con autorizaci\u00f3n previa del Presidente.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, las autoridades ratificaron que estar\u00e1 prohibido hundir un buque civil como sanci\u00f3n, herramienta policial o forma de impedir una fuga.<\/strong><\/p>\n\n\n\n Por otro lado, el Consejo de Seguridad Nacional podr\u00eda abrir procedimientos administrativos contra personas o entidades vinculadas a Estados u organizaciones extranjeras que busquen afectar la integridad territorial, interferir de forma clandestina, enga\u00f1osa o coercitiva en decisiones estatales, atacar infraestructuras cr\u00edticas o financiar esas acciones.<\/p>\n\n\n\n Las penas incluir\u00edan multas de entre 30.000 y 180.000 Unidades de Valor Adquisitivo<\/strong>, revocaci\u00f3n de permisos, p\u00e9rdida de beneficios estatales e inhabilitaci\u00f3n para actuar en sectores considerados estrat\u00e9gicos.<\/p>\n\n\n\n Ante un riesgo grave e inminente, el Consejo podr\u00eda ordenar restricciones temporales a operaciones cambiarias, transferencias, importaciones y exportaciones; bloquear fondos; suspender permisos; o elevar derechos de importaci\u00f3n y exportaci\u00f3n hasta un m\u00e1ximo del 75% para el Estado extranjero involucrado.<\/p>\n\n\n\n La propuesta tambi\u00e9n reforma la Ley de Defensa Nacional para incorporar riesgos y amenazas externas estatales y no estatales, tanto \u201ccin\u00e9ticos\u201d como \u201cno cin\u00e9ticos\u201d, y prev\u00e9 el empleo de las Fuerzas Armadas para proteger infraestructuras cr\u00edticas de inter\u00e9s nacional cuando corresponda.<\/p>\n\n\n\n En materia electoral, proh\u00edbe que extranjeros sin residencia permanente y personas jur\u00eddicas extranjeras financien, organicen, dirijan o ejecuten actividades de campa\u00f1a y propaganda<\/strong>. Adem\u00e1s, incorpora figuras penales vinculadas con operaciones clandestinas de inteligencia extranjera, filtraci\u00f3n de secretos y campa\u00f1as masivas de desinformaci\u00f3n destinadas a alterar procesos electorales.<\/p>\n\n\n\n Por \u00faltimo, eleva a rango legal el Registro P\u00fablico de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento, conocido como RePET, bajo la \u00f3rbita de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera. El mecanismo permitir\u00eda inmovilizar bienes y restringir operaciones de personas o entidades registradas, con posterior intervenci\u00f3n judicial.<\/p>\n\n\n\n Infobae<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La iniciativa ampl\u00eda prohibiciones para empresas y proveedores, contempla multas millonarias calculadas en crudo y habilita condenas de hasta dos d\u00e9cadas por extracci\u00f3n petrolera sin permiso argentino. 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La iniciativa surgi\u00f3 despu\u00e9s de que se confirmara el inicio del proyecto Sea Lion, el cual pretende operar a poco m\u00e1s de 200 kil\u00f3metros de las Islas Malvinas (Sea Lion)<\/p>\n\n\n\nLa inhabilitaci\u00f3n alcanzar\u00eda contratos, beneficios fiscales y operaciones en Argentina<\/h2>\n\n\n\n
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La plataforma petrolera Sea Lion opera en las aguas del oc\u00e9ano Atl\u00e1ntico sin autorizaci\u00f3n del Estado argentino (Imagen Ilustrativa Infobae)<\/p>\n\n\n\nUn Consejo de Seguridad Nacional coordinar\u00eda defensa, econom\u00eda, diplomacia e inteligencia<\/h2>\n\n\n\n
La propuesta regula la respuesta ante aeronaves y buques considerados hostiles<\/h2>\n\n\n\n
![\"Barco](\"https:\/\/www.infobae.com\/resizer\/v2\/23UKE4QO75F4PEMXPKZELECG7M.jpg?auth=7187348ba1c744fbb90b62a9e18389f9e8dacf9c0fdd86c37b4b7b054d6c36a8&smart=true&width=350&height=238&quality=85\")
El barco Bluewater, uno de los buques vinculados al proyecto Sea Lion (Bluewater)<\/p>\n\n\n\nLas sanciones por amenazas a la seguridad nacional incluir\u00edan bloqueos de activos<\/h2>\n\n\n\n
Tambi\u00e9n se modificar\u00e1n normas de defensa, financiamiento pol\u00edtico e inteligencia<\/h2>\n\n\n\n