La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) realizó un operativo en el que encontraron a 212 personas presas que cobraban la Pensión no Contributiva por Invalidez Laboral, luego de un entrecruzamiento de datos con el Servicio Penitenciario Federal.
Estas irregularidades saltaron a la luz debido a que los sujetos atraviesan situaciones judiciales no compatibles con el beneficio que cobraban. Según datos del Gobierno, el 85% de esas pensiones fueron otorgadas en los gobiernos de Néstor Kirchner, Cristina Fernández y Alberto Fernández. El 15% restante, en el de Mauricio Macri.
Esta investigación se enmarca dentro de las auditorías que lleva adelante la ANDIS, en un intento por «transparentar el uso de los recursos públicos, asegurando que las pensiones lleguen a quienes realmente las necesitan», relató el titular del organismo, Diego Spagnuolo.
Este anuncio fue realizado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, y se suma a un anterior operativo, en el que se detectaron a 331 personas prófugas de la Justicia que también recibían pensiones que no correspondían. 33 de ellos fueron recapturados.
Se auditaron a las más de 1.250.000 personas que reciben fondos por pensiones, por lo que es posible que estas cifras de irregularidades aumenten, dependiendo de los registros que hayan implementado cada jurisdicción provincial en todo el país.
Este proceso de auditorías comenzó en Capital Federal y provincia de Buenos Aires. Según Spagnuolo, estas auditorías revelan «un esquema de corrupción a través del cual se desvían fondos estimados entre 1.200 y 2.000 millones de dólares al año».