El Tribunal de Cuentas detectó que en el año 2021 la Dirección General de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes cometió irregularidades en contrataciones de servicios por valores millonarios. Por ejemplo, todos los meses se pagaba más de un millón de pesos a una empresa por el servicio de desinfección y, a esa misma empresa, también le pagaban otro millón en concepto de mantenimiento. Lo llamativo es que, a pesar de los montos que se manejaban, no se licitó el contrato y esto provocó que se multara a los responsables de la dependencia.
Según consta en el fallo 17.850, existieron serias deficiencias en el régimen de contrataciones con la empresa Bibi Servicios y Productos S.A. Se trata de una compañía cuyo presidente es Sebastián Jorro Barón y que prestaba servicios todos los meses en distintos rubros. Por un lado, entre marzo y noviembre del 2021, cobró casi 10 millones de pesos por desinsectación y desratización, mientras que en el mismo periodo facturó 7.6 millones de pesos por «mantenimiento y servicios generales». La observación que hizo el órgano de control es que no se llamó a licitación a pesar de la magnitud de los montos.
En el fallo consta que en 2019 el Tribunal de Cuentas había hecho la misma observación e instruido a las autoridades a regularizar la situación. A pesar de ello se siguió prestando el servicio bajo la modalidad de contratación directa e incluso era facturado por otra empresa que pertenece al mismo empresario: Omega S.A.
«En efecto, la auditoría constató que en los meses de Mayo, Julio, Octubre y Noviembre del ejercicio bajo estudio se efectuaron diversas contrataciones directas del servicio de desinfección por la suma total de $1.205.746,06; $1.791.114,60; 1.055.916,18 y $1.995.184,46 respectivamente… los montos de dichas contrataciones para los meses consignados superan la suma fijada anualmente por la Ley General de Presupuesto Nº 9278 para la contratación directa que es de $450.000,00, monto que se puede incrementar en un 100% para las compras de salud y desarrollo social, debiéndose haber contratado por Licitación Pública», esgrimen los auditores del órgano de control y determinan que «se evidencia la existencia de desdoblamiento» de las contrataciones.
Los responsables de la cartera no sólo no llamaron a licitación por la prestación de los servicios sino que tampoco las cargaban en el sistema Comprar. En concreto, el Tribunal de Cuentas cuestionó que «con el mecanismo empleado por los responsables para realizar las compras bajo estudio, en el cual no solo evitó el llamado a licitación pública, sino que también efectúo desdoblamiento de las mismas, procedieron a evitar la publicación de las contrataciones conforme dispone la normativa legal vigente».
Pero además, los servicios eran prestados por Bibi Servicios y Productos S.A pero facturados por Omega Saneamientos. Las dos empresas tienen como presidente al empresario Sebastián Jorro Barón.
«La Auditora concluye que, de acuerdo a los montos pagados en el ejercicio 2021, se trató de servicios que debieron preverse con la suficiente antelación de modo tal de efectuar las contrataciones bajo la modalidad de Licitación Pública», remarca el Tribunal de Cuentas y agregan que «la Dirección auditada incumple sistemáticamente el procedimiento de contratación, acudiendo a la compra directa a través de ciertos mecanismos utilizados para eludir la normativa vigente al respecto, en servicios o insumos que son de utilización corriente en la repartición, y por lo tanto conocidos con la suficiente antelación».
«Con respecto a la aplicación de la multa que dispone dicha normativa, si bien en el ejercicio 2019 los responsables fueron sancionados, en el ejercicio bajo análisis continúan cometiendo las mismas irregularidades, no habiendo tomado medida alguna para adecuar su procedimiento», finaliza el fallo que aplica una multa de 60 mil pesos para el director de Administración Felipe Laucieri y 70 mil pesos para el Jefe de Compras Gustavo Hellvig. Además, informa toda la situación al Fiscal de Estado.