La seguridad, junto con la economía, es uno de los aspectos que más preocupan a la sociedad argentina. Un estudio del Centro de Investigación Social de Mendoza (CISME) analiza varios aspectos vinculados a esa área, entre ellos los departamentos con mayores registros y la inversión familiar y estatal.

En primera instancia, el relevamiento da cuenta que el Gran Mendoza engloba casi el 75% de los delitos censados por el Ministerio Público Fiscal. Y en esa región, Guaymallén representa el territorio con mayores delitos sufridos en los hogares (entraderas), que en los últimos ocho años atrajo el 31,7% de esas situaciones. El dato surge de la Encuesta de Victimización del Gobierno provincial.

Por su parte, Godoy Cruz encabeza el ranking que refleja el porcentaje de hogares con delitos a las personas, con el 24% del total del área metropolitana mendocina.

Inversión familiar y estatal

Desde CISME aclararon que si bien la inseguridad “está en el centro de la agenda pública hace mucho tiempo”, en los últimos años “fue adquiriendo cada vez más relevancia, lo que generó que se diseñaran nuevos modelos de negocio vinculados a la problemática, diversas políticas públicas y estrategias ciudadanas para enfrentar el problema”.

Entonces, una de las consecuencias que provoca la actividad delictiva es el gasto económico que generan en las familias los diferentes bienes y servicios que el mercado les ofrece para intentar salvaguardarse ante esta problemática.

El informe desarrolla un estimativo sobre valores de elementos para constituir un kit de seguridad básico, uno completo y otro de servicios (seguros). “A partir de un relevamiento propio, se estableció una referencia promedio de precios de bienes y servicios destinados a seguridad. Estimamos que el costo promedio que puede asumir una familia tipo para bienes y servicios destinados a seguridad puede alcanzar los $210.000 anuales”, especifica el documento del CISME.

En cuanto al presupuesto de la Provincia en materia de seguridad, señala el artículo que “la inversión pública real en seguridad cayó en seis de los últimos siete años”. En 2018 se registró la caída más grande (-21%), en tanto que solo en 2017 creció un 26%.

“Si se toma en cuenta la participación del presupuesto destinado a seguridad en el total provincial, se observa una caída sostenida desde 2020, cuando era del 9,5%, mientras que en el 2023 está prevista que sea del 7,2% del total presupuestado”, concluye el informe.

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