Tres hermanos de apellido Caroglio pasaron de ser personas reconocidas por distintas actividades en Luján de Cuyo a integrar un sexteto de detenidos en el marco de una causa por presuntas estafas millonarias con criptomonedas y activos digitales en el metaverso. Fueron capturados en los primeros días de este mes, pero los abogados de esta supuesta banda ya comenzaron a plantear sus estrategias para que recuperen la libertad.
Cerca de 30 denuncias que fue trabajando en forma hermética el fiscal de Delitos Económicos Hernán Ríos derivó en las capturas de los hermanos Giovanni -cabeza de las empresas-, Genaro -también militante de radicalismo- y Gitan -vinculado al mundo del rugby- Caroglio.
Además están sindicados Lucas Zalazar, Ignacio Manduca y el chileno Hans Breuer. Todos están privados de su libertad e imputados por varios expedientes de estafas.
La acusación sostiene que conformaron dos empresas inversoras llamadas We Are capital y Cripto Country. De esta forma captaban a las víctimas, quienes debían aportar una suma de dinero en dólares que les generaría ganancias siderales (en algunos casos llegaban al 8% mensual en esa moneda). Los sospechosos aseguraban que el dinero lo generaban con fondos de inversión en criptomonedas.
En febrero de 2022 comenzaron a incumplir con los pagos de las ganancias pero a cambio ofrecieron a sus clientes una nueva inversión: comprar terrenos en el metaverso, una especie de mundo paralelo virtual donde se podían adquirir terrenos que luego podrían ser vendidos hasta 40 veces su valor. Pero el dinero continuó sin aparecer y llegaron las denuncias.
La Fiscalía sostiene que hasta el momento el fraude supera los 800 mil dólares.
La otra campana
Hasta ahí, la versión que sostiene la Fiscalía a esta altura de la investigación. Pero los seis detenidos ya presentaron controles jurisdiccionales, que son recursos para que un juez revise si deben continuar detenidos o pueden quedar libres.
Desde las defensas -algunos están con abogados particulares y otros con defensores oficiales- adelantaron que la idea es que avance la causa pero con los sospechosos en la calle, sobre todo teniendo en cuenta que la estafa es un delito excarcelable.
El abogado Carlos Aguinaga representa al principal sospechoso de la causa: Giovanni Caroglio. En declaraciones al programa Hola Mendoza (Canal 7) planteó que el joven «nunca quiso estafar a nadie. Hizo contrato de préstamos de dinero condicionado a un resultado de inversiones en el mundo físico y digital que implicaban un riesgo muy grande. Esto estaba establecido en el contrato y nunca hubo promesa de ganancia».
«Las víctimas en realidad son prestamistas que vieron la oportunidad de ganar dinero fácil. Ellos firmaron y aceptaron que el riesgo era grande. Una vez que el negocio sale mal no pueden venir a pedir toda la plata y hacer la denuncia», opinó.
El letrado admitió que Giovanni Caroglio cortó la cadena de pago por un «mal negocio» pero aseguró que «empezó a devolver el dinero a la gran mayoría de los denunciantes. Hasta le pidió a su madre que le aporte unos terrenos para poder pagar pero justo lo detuvieron».
Por otra parte, fuentes judiciales aseguraron que Zalazar y Manduca eran empleados de la empresa. Trabajaban en un call center realizando ventas, cobraban un sueldo y tenían comisiones, por lo que no estarían involucrados con la planificación de la presunta estafa.
Ahora restará resolver que la Justicia ponga fecha para que las partes discutan sus posturas ante un juez que definirá cómo avanza el expediente.