La Cámara de Casación confirmó el decomiso de los bienes atribuidos a la vicepresidenta y exmandataria Cristina Kirchner, a sus hijos Máximo y Florencia, y al empresario Lázaro Báez, para empezar a cubrir cerca de $685.000 millones relacionados con la causa Vialidad. La resolución, por mayoría, ordena ejecutar los activos alcanzados por la medida cautelar.
Fue la Sala IV la que rechazó todos los recursos presentados por las defensas y ratificó lo decidido por el Tribunal Oral Federal N°2 en 2022. La Corte Suprema ya había confirmado ese fallo en junio del año pasado, pero la parte relativa al decomiso permanecía en trámite hasta la intervención de Casación.
El decomiso abarca 111 inmuebles en total: 84 vinculados a Báez —el principal beneficiario del direccionamiento de obra pública en Santa Cruz—; 19 a nombre de Máximo y Florencia, entre ellos el complejo Hotel Los Sauces; y un lote registrado a nombre de la expresidenta, un terreno en El Calafate de 6.000 m2, adquirido en 2007.
Si los bienes asegurados no alcanzan para cubrir el monto fijado, la Justicia prevé ejecutar el patrimonio de los demás condenados: el exsecretario de Obras Públicas José López y los exfuncionarios de Vialidad Mauricio Collareda, Raúl Pavesi y Raúl Daruich. La responsabilidad es solidaria según el fallo del Tribunal Oral Federal N°2.
Los argumentos de las partes y posición del tribunal
En sus escritos, las defensas sostuvieron que no hay una trazabilidad directa del dinero ilícito hacia ciertos inmuebles y pidieron limitar el alcance del decomiso. Cristina Kirchner intentó proteger dos propiedades y diez departamentos en Río Gallegos que fueron cedidos a sus hijos, además de varios terrenos en la zona del Lago Argentino.
Los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña votaron en sentido contrario a las defensas y respaldaron el criterio del fiscal Mario Villar. Hornos afirmó: “La pena solo adquiere plena eficacia institucional si se traduce también en la neutralización concreta del beneficio económico obtenido mediante el delito”. Señalaron que basta una vinculación económica razonable.
El juez Mariano Borinsky acompañó en forma parcial el reclamo de la defensa y propuso excluir del decomiso ciertos bienes heredados por Máximo y Florencia Kirchner, al considerar que no estaba probado su origen delictivo. Además, puso el foco en los bienes comprados antes del 23 de abril de 2004, según su interpretación.
El periplo judicial se extendió desde la fijación del monto por el TOF2 hasta el vencimiento del plazo solidario, que operó el 13 de agosto pasado; las apelaciones demoraron la ejecución hasta la resolución de Casación.
Cristina Kirchner cumple una condena de seis años en su domicilio y, con esta decisión, la Justicia ordenó avanzar sobre los activos.