La Ley 9701 permite enviar material por WhatsApp u otros canales digitales, pero aclara un punto clave: no constituye prueba automática ni denuncia formal.
Mendoza sumó una nueva herramienta para el control del tránsito. A través de la Ley 9701, sancionada el 18 de marzo de 2026 y publicada este lunes en el Boletín Oficial, se habilitó a cualquier persona a enviar fotos o videos donde se observen posibles infracciones viales.
La norma, impulsada por el Ministerio de Seguridad y Justicia, incorpora el artículo 120 bis a la Ley 9024 y establece que ese material podrá ser remitido mediante canales digitales oficiales, como enlaces web institucionales o sistemas de mensajería instantánea, entre ellos WhatsApp.
El espíritu de la medida apunta a ampliar la participación ciudadana en la detección de faltas de tránsito. Sin embargo, el texto legal introduce límites claros sobre el alcance de esas presentaciones.
Uno de los puntos centrales es que el material enviado tendrá carácter de comunicación ciudadana, lo que significa que no equivale a una denuncia formal. Además, el Estado no otorga fe pública sobre su autenticidad o veracidad, por lo que cada registro deberá ser evaluado antes de cualquier decisión.
La ley también contempla que las autoridades puedan descartar contenidos que, a simple vista, no correspondan a la jurisdicción o presenten indicios de falsedad. Es decir, no todo lo que se reciba avanzará en el proceso administrativo.
En los casos en los que el material aporte datos suficientes, la autoridad de aplicación podrá remitirlo al Juzgado Vial competente, acompañado por un informe preliminar donde se describa la infracción detectada y los datos que surjan del propio registro.
A partir de allí, será el juzgado el encargado de analizar la situación. La normativa establece que los magistrados deberán validar o disponer los mecanismos de verificación antes de avanzar, lo que refuerza la idea de que las imágenes por sí solas no alcanzan para sancionar.
Con esta modificación, Mendoza se suma a una tendencia que busca integrar herramientas digitales y participación ciudadana en el control vial, aunque manteniendo filtros legales para evitar sanciones basadas en material no verificado.