La ex presidenta y el empresario Lázaro Báez intentan bloquear la ejecución del fallo, luego de que la Corte Suprema ratificara la actualización del millonario monto a recuperar por el Estado.
La batalla judicial por la ejecución de la condena en la causa Vialidad abrió un nuevo capítulo en los tribunales federales. Un día después de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme la actualización del monto del decomiso en $684.990 millones, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó un recurso de queja para intentar frenar la ejecución y el eventual remate de los bienes alcanzados por la sentencia, una estrategia procesal que también adoptó el empresario patagónico Lázaro Báez.
El máximo tribunal del país rechazó previamente los planteos de nulidad introducidos por los imputados y ratificó la millonaria cifra que deberán afrontar los condenados de manera solidaria. Esta suma surge de la actualización indexada de los aproximadamente $85.000 millones que fijó originalmente el Tribunal Oral Federal N.º 2 en su veredicto, bajo el concepto de los perjuicios económicos totales atribuidos a las graves irregularidades detectadas en las licitaciones de la obra pública santacruceña.
Tras quedar firme la condena principal, la discusión técnica se concentra ahora en la compleja etapa de ejecución patrimonial. Entre los bienes que podrían quedar alcanzados de forma efectiva por el decomiso figuran diversas propiedades de la ex mandataria ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Santa Cruz, complejos hoteleros vinculados a las firmas comerciales de la familia y otros activos financieros incluidos en los expedientes judiciales.
Ante este escenario, la defensa de la ex vicepresidenta, encabezada por el abogado Carlos Beraldi, busca excluir del proceso de ejecución aquellos bienes que pertenecen formalmente a Máximo y Florencia Kirchner. Los letrados argumentaron ante la Justicia que no existe prueba directa que demuestre que esos activos provengan de los hechos ilícitos investigados, mientras que la Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó intervenir en la administración de los bienes decomisados para que queden bajo la órbita de organismos especializados.
Aunque las nuevas presentaciones judiciales de las defensas podrían demorar algunas definiciones en los próximos meses, los recursos de queja no tienen un efecto suspensivo automático sobre la sentencia. Por este motivo, los tribunales competentes se encuentran habilitados para avanzar en forma paralela con las medidas procesales destinadas a identificar, tasar y eventualmente ejecutar los bienes afectados por la condena por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.