Se trata de una medida que responde a una política de tolerancia cero frente al ausentismo, la falta de idoneidad, el quebranto de la Ley y el fraude.
El Gobierno de Mendoza realizó un proceso de control que terminó con más de veinte desvinculaciones de agentes públicos del sector estatal provincial en áreas como Salud y Deportes, Seguridad y Justicia y hasta la Dirección General de Escuelas.
Según se desprende de la más de una veintena de decretos y resoluciones publicados este jueves en el Boletín Oficial de Mendoza, se trata de una medida que responde a una política de tolerancia cero frente al ausentismo, la falta de idoneidad, el quebranto de la Ley y el fraude.
Es que los expedientes publicados exponen desde rebeldías procesales y falsificación de certificados médicos, hasta agentes que abandonaron sus puestos para radicarse en el exterior e infracción a la Ley de Drogas.
Seguridad y Justicia
-Gonzalo Alexis Vargas Perciasepe (Personal Civil – División Imprenta): Se le dictaminó la cesantía tras ser detenido en flagrancia con estupefacientes en su poder.
-Luciano Uriel Cerda (Agente Penitenciario):confirmaron su sanción de 50 días de suspensión sujeta a exoneración tras comprobarse que presentó un certificado médico apócrifo de una guardia hospitalaria.
-Matías Javier Romera Agüero (Agente Penitenciario): ratificaron su cesantía definitiva por no haber cumplido con la terminalidad educativa del ciclo secundario o polimodal.
-Bruno Nicolás Robledo Gauna (Agente Penitenciario):decretaron la no confirmación en el cargo debido a un rendimiento laboral deficiente, calificado unánimemente como «Muy Malo», y por registrar un sumario administrativo activo ante la Inspección General de Seguridad.
-Jorgelina Noelia Rodríguez Moyano (Oficial Subayudante – Policía de Mendoza): se ratificó su desafectación del cargo e interinato por falta de adaptación al régimen policial, detonada a raíz de un proceso contravencional grave y un preventivo policial en su contra.
-Juan Alejandro Navarta Godoy (Subcomisario – Policía de Mendoza):se confirmó una sanción de 10 días de suspensión laboral por conducta negligente en las obligaciones de control a su cargo, que derivaron en el extravío de elementos en la Subcomisaría Emiliano Iriarte.
Salud y Deportes
-Jésica Magalí Ramírez (Médica – Hospital Central): cesanteada tras acreditarse el incumplimiento del régimen de dedicación horaria, tramitándose en paralelo una causa en la Justicia Federal por «Defraudación contra la Administración Pública».
-Raúl Fabián Centeno (Agente – Hospital Diego Paroissien): cesanteado por abandono de puesto de trabajo tras no se presentarse luego de recibir un alta médica psiquiátrica.
-Leonardo Ariel Maure (Agente – Diagnóstico por Imágenes – Hospital Central): cesanteado por acumular 13 inasistencias injustificadas en un lapso de tres meses.
-Alberto Roque Jouas Sosa (Agente – Hospital Central): cesanteado tras constatarse un total de 8 inasistencias injustificadas en 2025 luego de que OSEP rechazara tres de sus partes médicos, ya que los auditores de la obra social realizaron controles en su vivienda y constataron que no se encontraba cumpliendo el reposo domiciliario.
-Walter Horacio Díaz (Agente – Hospital Héctor E. Gailhac): sugieren su cesantía por registrar un patrón reiterado de inobservancia de la asistencia y el horario regular de labor, afectando el servicio sanitario.
-Sergio José Olguín (Agente – Hospital Central): cesanteado con suspensión de haberes retroactivo por injustificadas desde septiembre de 2024 hasta enero de 2025.
-Carlos David Navarro (Auxiliar Camillero – Hospital Humberto Notti): cesanteado por la acreditación de más de 45 inasistencias injustificadas acumuladas a lo largo de 2025, acompañadas de tardanzas y faltas a guardias.
-José Luis Agudo (Agente – Hospital Diego Paroissien):sancionado con 2 días de suspensión por la infracción de sus deberes de servicio.
-Oscar Ezequiel Aranguren (Agente – Hospital José Lencinas): cesanteado por inasistencias injustificadas. El agente gozó de una licencia extraordinaria sin goce de haberes por un año y, al vencerse el plazo en junio de 2024, nunca regresó a trabajar. Luego se descubrió que se había fugado a la Provincia de Buenos Aires.
-Enzo Nicolás Gallegos Guevara (Agente – Área Sanitaria Tupungato): Se determinó su cesantía por reiteradas inasistencias injustificadas y abandono de su puesto de trabajo.
-José Luis Micheletti (Agente – Subsecretaría de Deportes):cesanteado tras comprobar que acumuló 10 inasistencias injustificadas discontinuas entre los meses de junio y noviembre de 2025.
Dirección General de Escuelas (Personal No Docente)
-Sergio Fabián Araya (Celador Titular – Escuela N° 1-167 de Maipú):cesanteado por incurrir en un ausentismo récord de 183 inasistencias injustificadas continuas. Se constató que el celador se encuentra residiendo en España.
-Jaled Adriel Gallo (Celador Nochero Titular – Escuela N° 1-059 de Rivadavia): Se le aplicó la sanción de cesantía por un ausentismo de 85 inasistencias injustificadas.
-Claudio Fernando López (Celador Titular – Escuela N° 2-028 de Godoy Cruz): cesanteado tras comprobarse que registró 14 inasistencias injustificadas y discontinuas en un período menor a seis meses durante el año 2021.
-Néstor Daniel Marchan (Celador Titular – Escuela N° 2-023 de Godoy Cruz): fue sancionado con 10 días de suspensión laboral sin goce de haberes luego de que una madre y la trabajadora social del establecimiento denunciaran que el agente se presentó en reiteradas oportunidades a trabajar con un fuerte aliento alcohólico en un colegio de educación especial. Además, se le sumaron cargos por negligencia en la protección del patrimonio escolar al dejar armarios con insumos clave abiertos, junto a un historial de 6 faltas y 8 tardanzas injustificadas.
Vialidad
-Walter Eduardo Fernández, Roberto Carlos Aráoz y Sergio Damián Torres (Ex-agentes – Dirección Provincial de Vialidad): Los ex-agentes habían sido cesanteados en 2018 tras un sumario. Aunque posteriormente fueron sobreseídos en sede penal e interpusieron recursos para exigir su reincorporación y salarios caídos.
El Gobierno provincial demostró que dejaron paralizar un expediente administrativo por negligencia propia y falta de impulso durante más de cinco años, operando la prescripción liberatoria bianual sobre sus reclamos laborales.