Mientras estas líneas se escriben, en la más estricta reserva el Vaticano decidió iniciar una investigación contra Juan Grabois y Juan Ottavis, “referentes sociales” vinculados al kirchnerismo.
Refiere a millonarias transferencias de dinero destinadas al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), un fideicomiso público destinado a financiar la urbanización, el acceso a servicios básicos y la mejora habitacional en los barrios populares del país.
El caso de Grabois comenzó a ser investigado por el juzgado federal Nº12, subrogado por el juez Ariel Lijo, en virtud de que no se realizaron las obras del FISU a pesar de haber recibido los fondos de marras.
En esa causa, la justicia avanzó en la investigación de los presuntos delitos de administración fraudulenta, malversación de caudales públicos y abuso de la autoridad. Y concluyó que solo se terminaron 400 obras de las 6.517 planificadas por un monto total de 1.000 millones de dólares.
En el caso de Ottavis, él y su pareja, Celia Itatí Britez, fueron denunciados por presunta malversación de fondos públicos y asociación ilícita. Testimonios de vecinos y exintegrantes de la ONG Amarte Argentina apuntan a obras inconclusas, cooperativas que no existirían y supuestas maniobras para condicionar la entrega de alimentos.
La ONG firmó en 2021 un acuerdo con el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) para ejecutar obras de infraestructura. De acuerdo con las denuncias, habría recibido alrededor de $11.000 millones, aunque una parte importante de los trabajos comprometidos nunca se habría concretado o habría quedado inconclusa.
Tres años después de la firma del acuerdo, Ottavis y su actual pareja, Britez, fueron denunciados por presunta malversación de fondos públicos, asociación ilícita y utilización irregular de recursos estatales. La hipótesis de los denunciantes apunta a una estructura de cooperativas presuntamente irregulares que habría servido para canalizar el dinero.
Uno de los testimonios más elocuentes es el de la sobrina de Britez, Celia Fabiana, quien aseguró que participó de una reunión vinculada con el FISU en la que se presentaron cifras que, según su versión, no se correspondían con la realidad.
“Cuando voy a una reunión del FISU, presentaron un informe a la empresa ejecutora y, cuando escucho los números que estaban diciendo adelante de Desarrollo Social, eran todo tres veces más de lo que era real. Tenían la carpeta con los números inflados”, denunció.
La mujer dijo que decidió abandonar la organización en febrero de 2022, luego de que, según su testimonio, se exigiera a los beneficiarios afiliarse al Partido Justicialista para recibir bolsones de alimentos.
A pesar de que gran parte de los fondos provenían del mismísimo Vaticano, ello fue “cajoneado” en la Santa Sede por la cercanía del papa Francisco con Grabois. Pero ahora, con la llegada de León XIV, se avanzó en una auditoría que complica a ambos “referentes sociales” argentinos.
Es uno de los puntos que se tratará entre funcionarios vaticanos y sus pares argentinos cuando aterrice el sumo pontífice en tierra argenta. Habrá novedades.
Por Christian Sanz – Director periodístico de Tribuna de Periodistas