Mercedes Rus logró el respaldo de su par en Nación para interceder ante el ENACOM que avala la inhibición de señales de celulares sólo en cárceles federales.
La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, adhirió a la petición de Mendoza, que hiciera su par Mercedes Rus, para reforzar el control de las comunicaciones por celulares dentro del sistema penitenciario, que hoy encuentra un límite por las disposiciones del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), que sí lo autoriza en el caso de las cárceles federales.
Desde el gobierno provincial señalaron que Nación acompaña el reclamo para avanzar con la prevención del delito intramuros y del cual se viene trabajando en secuestros sistemáticos, avalados por la Justicia.

En Mendoza los presos no tienen acceso a celulares y esta decisión fue ratificada por la Justicia.
Los listados que se envían a Nación
Hace algunos días, Rus explicó que el servicio penitenciario remite a ENACOM (el organismo nacional que regula las telecomunicaciones) los listados de los números de celulares detectados en las requisas, para que esas líneas sean dadas de baja y pasen a lo que la funcionaria describió como «banda negativa». Se trata de una gestión directa con la autoridad nacional de telecomunicaciones para inutilizar los equipos secuestrados o identificados dentro de los penales.
La funcionaria remarcó que Mendoza cuenta, desde el año pasado, con un sistema propio de inhibición de señales: un dispositivo portátil de bloqueo selectivo que se utiliza durante requisas y allanamientos coordinados con la Justicia, para evitar que se filtren los operativos. Ese sistema, agregó, incluye además protección antidron, pensada para prevenir el ingreso de celulares o droga por vía aérea, una modalidad que -según señaló- ya se registró en cárceles de Córdoba y de Buenos Aires.

El gobernador Alfredo Cornejo le reclamó al ENACOM que permita bloquear las señales en las cárceles de Mendoza.
Ante un plan para erradicar el uso de los celulares en las cárceles, el Ministerio de Seguridad busca reforzar las gestiones, también con el apoyo de Nación.
Inhibición total para la zona de máxima seguridad
Mendoza tramita la inhibición específica y permanente de una zona restringida dentro del penal Almafuerte, destinada a los internos de mayor peligrosidad y alto perfil. Según explicó Rus, esa clasificación de la población penitenciaria fue posible a partir de una reforma legislativa que le dio al servicio la potestad de separar a los presos según su perfil de riesgo.
La ministra vinculó esta posibilidad con una inversión previa del Gobierno provincial: el recambio de todo el sistema de comunicaciones del servicio penitenciario al estándar TETRA, el mismo que utiliza la Policía de Mendoza, que permite controlar con qué teléfono ingresa y egresa cada agente penitenciario.
El antecedente inmediato: el caso de los «presos streamers»
Estas definiciones llegan pocos días después de que se viralizara un video en el que un grupo de internos del Complejo Penitenciario San Felipe conversó en vivo con un streamer bonaerense a través de la aplicación OmeTV. Tras la difusión del contenido, el Servicio Penitenciario realizó una requisa en el módulo donde estaban alojados los internos, secuestró varios celulares y abrió una investigación administrativa, disciplinaria y judicial para determinar cómo habían ingresado los equipos.
Como consecuencia del episodio, los internos identificados fueron trasladados a un módulo destinado a reclusos de muy alto perfil, ubicado en el Complejo Almafuerte, y el Gobierno advirtió públicamente que quien incumple las reglas pierde los beneficios y asume las consecuencias.
