A horas de que se defina si Juan Cacho Garay (68) pasa a la cárcel en el marco de la investigación por violencia de género y abuso sexual, la Justicia avanzó en un expediente apéndice por amenazas que habría recibido la denunciante desde el entorno del humorista.
Alejandro Quintero es amigo de Cacho Garay desde hace varios años. Era frecuente verlos juntos en juntadas y asados, guitarra en mano. Este hombre fue citado ayer por la fiscal Mónica Fernández Poblet, quien lo imputó por el delito de amenazas coactivas. Como prevé una pena excarcelable -de 6 meses a 2 años de cárcel- y no tiene antecedentes penales, quedó en libertad.
El expediente es una compulsa que se extrajo de la causa madre, aquella que tiene detenidos a Garay y a la empleada legislativa Sandra Astudillo Staffolani (56). La fiscal sostiene que el 5 de mayo pasado, Quintero se comunicó telefónicamente con Verónica Macías a través del celular de un amigo que tienen en común.
No se sabe el contenido de la conversación, pero el dueño del teléfono declaró que una vez que finalizó el diálogo la mujer le dijo que no volviera a darle su número a Quintero porque «es una mala persona».
Tres días después, según el relato de la víctima, Alejandro Quintero la interceptó en las inmediaciones de la plaza de Luján de Cuyo, a metros de donde reside Verónica Macías. El sospechoso -que también habría participado de los encuentros sexuales que promovía el humorista- le dijo: «Nunca deberías haber hablado. Ya estabas advertida que si hablabas estabas muerta. Cacho ya te lo dijo, una promesa es una promesa».
Pero esta no es la única compulsa que se generó por amenazas contra la denunciante. Existe otro expediente ya que la víctima aseguró que el 16 de abril estaba saliendo de su domicilio cuando se cruzó con una joven quien la advirtió para que retirara la denuncia «porque las armas van a aparecer en tu cabeza».
Esta persona no está identificada, aunque Macías la describió como una mujer de entre 22 y 25 años, con pelo castaño y buzo. La fiscal Fernández Poblet solicitó las cámaras de seguridad de la zona para avanzar con la investigación.
Viernes, día clave
Este viernes se volverán a reunir todas las partes del expediente madre para definir la situación procesal de Cacho Garay y de Sandra Astudillo Staffolani. El juez Federico Martínez escuchó los argumentos el miércoles pasado y ahora será el turno de resolver.
La fiscal Mónica Fernández Poblet solicitó que se revoque el arresto domiciliario que goza el humorista y que se dicte la prisión preventiva en el penal de la empleada legislativa. Al pedido adhirieron los abogados de la denunciante Verónica Macías -Agustín Magdalena y Cristian Vaira Leyton-, quienes además solicitaron que se trabe un embargo e inhibición de bienes por $5 millones a cada uno de los acusados para garantizar que paguen las costas del proceso y una potencial indemnización a la víctima.
Del otro lado estuvieron los abogados de Garay -Daniel Romero y Juan Pablo Ildarraz- y de Astudillo -Carlos Moyano y Silvina Stocco- quienes se opusieron y pidieron o la libertad o que continúe el arresto en forma domiciliaria.